Un proyecto de ley promueve la participación ciudadana en causas de interés general o comunitario

02/05/2012

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

La diputada Rosario Romero (Frente Entrerriano Federal-Paraná) presentó un proyecto para crear en el ámbito de la provincia la figura del Amicus Curiae, una expresión del latín que significa “Amigos del Tribunal” y tiene por objeto acercar a ciudadanos y organizaciones no gubernamentales a los procesos judiciales para que se involucren. De esta forma, cualquier persona, física o jurídica podrá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para plantear cuestiones de trascendencia o interés público.

La figura del Amicus Curiae forma parte de un recurso utilizado en la Justicia para que las personas individuales o colectivas que tengan un interés legítimo y justificado en brindar su opinión sobre diferentes cuestiones tratadas en un proceso, puedan hacerlo, tal como lo reguló la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 2004.

Se trata de presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a la disputa judicial pero con un interés justificado en la resolución final del litigio, a fin de expresar sus opiniones a través de aportes intelectuales en relación con la materia que se debate.

Teniendo esto en consideración, y buscando generar mayor compromiso e integración con la sociedad civil, Rosario Romero presentó un proyecto para reglamentar esta figura en la provincia, a partir de lo establecido por la Corte Suprema.

Es cierto que la falta de regulación legislativa de esta herramienta no ha sido obstáculo para la presentación de este tipo de recursos ante los tribunales, como tampoco para su admisibilidad. Un ejemplo de ello es la presentación efectuada a fines de 2009 por el entonces diputado provincial Jorge Busti ante la Corte Suprema para reclamar por la distribución de fondos de coparticipación; o como antes lo hiciera la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú respecto del conflicto pastero.

Una herramienta de participación

El proyecto de Rosario Romero tuvo ingreso en la Cámara de Diputados el 25 de abril pasado y fue derivado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales. En sus fundamentos establece que la actuación en torno al Amicus Curiae estará limitada a “expresar una opinión fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante” y si bien esa postura no será vinculante para el STJ, “podrá ser tenida en cuenta en su pronunciamiento”.

En los considerandos de la iniciativa se indica además que “el amigo del tribunal es una figura que se constituye como una herramienta de colaboración de la función jurisdiccional al momento de resolver sobre un caso concreto” y que “se alinea también con el espíritu constitucional de promover la participación popular”.

En diálogo con Página Judicial, Romero hizo hincapié en el hecho de que “esta herramienta permitirá llevar la Justicia a un plano más accesible para la ciudadanía en temas de interés general, a la vez que permitirá que la ciudadanía se pronuncie respecto de temas que generen controversia, dado que puede hacerlo a través de entidades de bien público o de personas individuales comprometidas con el tema que se debate”.

En ese sentido, la legisladora explicó que “las instituciones que pretendan intervenir en el conflicto deben tener reconocida competencia en la materia objeto del litigio. Podría ser el caso de la cooperadora de un hospital o de instituciones que representen intereses generales que, ante el tratamiento de algún caso en la Justicia, tengan una posición para dar y esta figura legal les permite que puedan hacerlo”.

De todas maneras, Romero destacó que “este no es un tema de coyuntura y, dado que se trata de cuestiones de interés público, se participó a los otros bloques para que generen alternativas que permitan enriquecer el debate, porque en la letra fina puede haber matices al momento de reglamentar la instrumentación de esta figura; del mismo modo, se enviaron copias al secretario de Justicia de la provincia (Rubén Virué), al Superior Tribunal de Justicia e instituciones intermedias, para que lo analicen y opinen”.

El primer paso

El 20 de julio de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada Número 28/2004, reglamentó el derecho de personas individuales o colectivas a emitir su opinión en causas que posean trascendencia institucional o resulten de interés público, invocando la figura del Amicus Curiae. En esa base se sustenta el proyecto presentado por Rosario Romero en la Cámara de Diputados de la provincia.

Allí se consigna que “en aquellas controversias que generen un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, responden al objetivo de afianzar la justicia” y se agrega que la figura de los amigos del tribunal “es un instrumento clave para fortalecer el acceso a la justicia y permitir un debate amplio y participativo en asuntos de trascendencia institucional o en aquellos que resulten de interés público”.

Para ello, el máximo tribunal debe publicar un listado de aquellas causas que, a su criterio, pueden recibir presentaciones bajo la figura del Amicus Curiae, con una breve reseña de la cuestión puesta en debate, de manera de hacer saber a los potenciales interesados las discusiones jurídicas y conflictos constitucionales debatidos.

Sin embargo, la Corte Suprema fue paulatinamente dejando de lado la publicidad de aquellas causas que podían recibir presentaciones de los amigos del tribunal. Un informe dado a conocer en noviembre del año pasado por la Asociación por los Derechos Civiles revela que el listado quedó en blanco entre enero de 2009 y julio de 2011.

Así, la implementación de esta herramienta que inicialmente tuvo por objeto abrir canales de participación de distintos sectores en las discusiones judiciales y enriquecer la reflexión previa al dictado de la sentencia, se convirtió en un camino trunco. La corrección de esas falencias será el desafío en caso de que esta propuesta se convierta en ley en la provincia de Entre Ríos.