Un represor pidió citar a Jorge Busti como testigo

26/03/2012

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial A tres días de un nuevo aniversario del último golpe de Estado, comenzó el segundo juicio oral y público por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Entre Ríos. Nueve militares y policías están en el banquillo de los acusados. Juan Cruz Varela De la


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

A tres días de un nuevo aniversario del último golpe de Estado, comenzó el segundo juicio oral y público por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Entre Ríos. Nueve militares y policías están en el banquillo de los acusados.

Se trata de Albano Harguindeguy, que fuera ministro del Interior entre 1976 y 1980; Ramón Genaro Díaz Bessone, que fuera jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en Entre Ríos; el exjefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el exjefe del Regimiento de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino; el exjefe de Sección en la misma guarnición militar Santiago Kelly del Moral; los policías provinciales Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez; y los policías federales Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez. Todos se encuentran detenidos aunque bajo arresto domiciliario, a excepción de Kelly del Moral que está excarcelado.

Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. Se trata de tres causas acumuladas por hechos ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y se les imputan los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas en perjuicio de 30 víctimas, y las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi.

El juicio podría durar alrededor de siete meses, ya que hay 199 testigos citados a declarar. La nómina incluye, entre otros, a los exgobernadores Jorge Busti y Jorge Obeid, al periodista Ceferino Reato, a los exministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf –ambos firmaron los decretos para combatir a la subversión– y los dirigentes radicales Facundo Suárez Lastra, Horacio Jaunarena y Enrique Nosiglia. También está citado el expolicía entrerriano Carlos Ramón Balla, que integraba Comando Paraná, como se daba en llamar el brazo local de la Triple A.

Si bien Busti no es un testigo principal en el proceso, llamó la atención que su nombre figurara en la nómina e inclusive abrió paso a algunas especulaciones, teniendo en cuenta que en un principio este proceso tenía fecha de inicio para julio pasado, es decir, previo a la campaña electoral que lo tenía como candidato. El exmandatario fue propuesto por la abogada querellante María Isabel Caccioppoli, pero también por los defensores que tenía Dasso en ese momento.

Durante la dictadura, Busti estuvo detenido alrededor de cuarenta días. Fue secuestrado de su casa de Concordia, en 1977, en un operativo encabezado por el segundo de Dasso, el entonces mayor Ramón Osvaldo Orieta, un militar que realizó varios procedimientos ilegales y que, casualmente, el propio Busti hizo nombrar como jefe de seguridad de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande durante el menemismo.

La abogada Caccioppoli ha sido reticente a dar detalles sobre las pruebas que tiene para llevar adelante la querella y también de los testigos que ha ofrecido, pero trascendió que la citación de Busti es para que dé cuenta de las acciones que realizaron los organismos de derechos humanos y la comunidad concordiense ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para intentar frenar el ascenso de Dasso, en tiempos en los que Busti era intendente, tras la restauración de la democracia.

El verdugo y sus abogados

Naldo Miguel Dasso fue jefe del Área Militar 225, con jurisdicción en los departamentos Concordia y Federal y entre diciembre de 1975 y diciembre de 1977 estuvo al frente del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”, donde funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron, entre otros, el conscripto Jorge Emilio Papetti, Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, que permanecen desaparecidos.

El represor tiene 80 años y está acusado de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de personas. Puntualmente se le imputan tres casos de privación ilegítima de libertad y la desaparición forzada de Solaga y Zalasar, en el marco de la causa denominada “Área Concordia”.

Hasta unos días antes del inicio del juicio la defensa de Dasso estuvo a cargo de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, dos abogados de Capital Federal que integran la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires y la Corporación de Abogados Católicos, espacios desde donde se cuestionan los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”.

De hecho, la Sociedad de Abogados Penalistas es un foro del que participan exmagistrados y funcionarios de la dictadura que actualmente integran los equipos de defensa de represores. En rigor, Battaglia fue camarista durante la dictadura y luego ejerció la defensa de Leopoldo Fortunato Galtieri en el Juicio a las Juntas.

En su momento, Velasco había confirmado que propuso al exgobernador Busti como testigo en el juicio oral y público, pero evitó dar precisiones sobre el asunto.

–¿Cuál es la relación de Dasso con esta investigación?

–La causa judicial trata sobre distintas cuestiones y a lo largo de todo el proceso Dasso ha sostenido su inocencia. Por eso se ha convocado a algunas personas públicas y no tan publicas de la época para que declaren respecto de los conocimientos que tenían sobre él y lo que fue su actuación en aquellos tiempos.

–¿Qué tipo de actuación tuvo Dasso durante la dictadura?

–Dasso fue jefe de un regimiento; como tal actuó bajo las normas de la época y cada vez que recibió una orden de detener, detuvo. Hay personas que han declarado que cuando estuvieron bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Dasso, no sufrieron ningún tipo de persecución, tormentos o golpes, sino que por el contrario el propio Dasso se preocupó porque estuvieran bien atendidas y que se avisara a sus familiares. Lo que la defensa pretende demostrar es que dentro del margen que tenía Dasso para actuar cuando recibía la orden de detener a una persona no se violaron los derechos humanos, que su actuación fue conforme a las normas vigente en aquella época y que no participó de ningún tipo de guerra sucia ni de la aplicación de tormentos.

–¿Por qué considera que Busti puede aportar elementos en esta causa?

–Busti es una persona conocida, que se manejaba en esa época y debe tener conocimientos propios de lo que pasaba. Tras el retorno de la democracia se hicieron investigaciones, de las que participaron algunos políticos, y lo que pueden aportar los testigos lo veremos en el debate. Si Busti estuvo detenido bajo la jurisdicción de Dasso y si sufrió o no algún vejamen o tormento bajo la orden de Dasso es una pregunta que podría surgir durante el debate.

Lo que dice que dirá Busti

Hace unos días, el exgobernador Busti dijo no estar al tanto de que tendría que declarar en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el Área Concordia. Sin embargo, ahora terminó por reconocer que él mismo se ofreció como testigo ante la abogada Caccioppoli y sobre el hecho de que su nombre apareciera en la nómina que presentaron los abogados de Dasso, consideró que se trata de una campaña de descalificación y que en materia de derechos humanos no tiene “que rendirle cuentas a nadie”.

“Si alguien le hizo la manija a algún familiar de algún desaparecido, que se quede tranquilo porque yo no acostumbro a cambiar mis convicciones, y más en este tema. Yo reivindiqué los derechos humanos cuando los derechos humanos no eran una moda”, expresó Busti e insistió en que “esto es parte de una operatoria de descalificación”.

El exmandatario narró también al diario Noticias cómo fue detenido y dijo que “el relato está avalado por todos los vecinos que vivían al lado de mi casa”. Sobre el hecho, recordó: “A mi me llevan a la 1.10 de la mañana del viernes 10 de febrero de 1977 encapuchado, esposado, en el baúl de un auto. Me tuvieron 48 horas en esas condiciones, en una dependencia del Ejército, luego me subieron de nuevo al baúl de un auto dimos vueltas por todo Concordia y yo la verdad que no sabía como era el final de todo esto” y agregó: “Me pasaron a otro auto y me llevaron a la Policía de Entre Ríos, donde quedé incomunicado en esa dependencia. Mi mujer salió en camisón a la puerta, la golpearon. Estaba de ocho meses de embarazo, casi perdemos nuestro hijo, el parto se precipitó. Mi hijo nació y yo lo conocí en una dependencia de la Policía a mediados de marzo, cuando me permitieron que lo vea”.

“El responsable de la vida y de la muerte de las personas en Concordia era el teniente coronel Naldo Miguel Dasso. Y eso se lo voy a decir mirándolo a la cara”, expresó.

Finalmente, Busti contó que cuando era intendente de Concordia, en 1984 envió a la Cámara de Senadores su oposición a que Dasso fuera ascendido a General. “Hicimos una campaña publicitaria impresionante y demostramos que no podía ser General; sin embargo, al comenzar la democracia se lo ascendió a tambor batiente”, dijo.