“Se está naturalizando la violación de la institucionalidad republicana”

JUSTICIA Y POLÍTICA

“Se está naturalizando la violación de la institucionalidad republicana”

Lo dijo Raúl Barrandeguy, abogado defensor de Sergio Urribarri. Sostuvo que los procedimientos contra el ex mandatario son “fogoneados con bastardos fines políticos, sin fundamento legal, ignoran leyes muy conocidas que reglamentan pacíficamente el control del gasto público, a la vez que se elude aplicar disposiciones clarísimas de la Constitución Provincial a las que ni siquiera se menciona”.

De la Redacción de Página Judicial


A partir de las últimas medidas dispuestas en causas que tramitan en el Poder Judicial y que involucran al ex gobernador Sergio Urribarri, su abogado defensor, Raúl Barrandeguy, manifestó su preocupación por la arbitrariedad con la que se viene actuando en las mismas. Se refirió a la último procesamiento por la contratación de publicidad.

“Los defensores estamos muy alarmados ya que en las causas contra Urribarri y contra sus funcionarios se está violando el Estado de Derecho en forma torpe, grave y sistemática configurando una situación que excede sensiblemente el marco de un proceso judicial”, expresó el letrado en un comunicado.

En este sentido, explicó que los procedimientos contra el ex mandatario son “fogoneados con bastardos fines políticos, sin fundamento legal, ignoran leyes muy conocidas que reglamentan pacíficamente el control del gasto público, a la vez que se elude aplicar disposiciones clarísimas de la Constitución Provincial a las que ni siquiera se menciona”.

“Se está naturalizando la violación de la institucionalidad republicana y ello representa un peligro enorme para la democracia puesto que estamos hablando no sólo de persecución, sino también de la utilización de un sector de la justicia para canalizar una disputa puramente política ”, aseveró. Y agregó: “Tal es así que un legislador provincial (el senador radical Raymundo Kisser) se ocupa de criticar la forma en que se efectuó la identificación de huellas digitales, siendo que él mismo se jacta de recibir llamados de los jueces reclamándole que los visite; una verdadera desconsideración de la independencia del Poder Judicial; sin contar el hecho de que en su momento fue defensor en el juicio político de un ex gobernador imputado por varias causas por mal desempeño”.

Kisser cuestionó que las huellas digitales se la hayan tomado al presidente de la Cámara de Diputados en su despacho.

Respecto del “quebrantamiento de los principios procesales”- según Barrandeguy - manifestó que “la arbitrariedad se palpa, por ejemplo, en la figura del embargo que no tiene justificación o argumentación alguna en tanto no existe lo que técnicamente se denomina peligro en la demora o verosimilitud del derecho”. “Se han embargado bienes sin ninguna necesidad fuera de toda autorización legal y se lo ha hecho en cantidad exorbitante y abusiva sin dar ningún fundamento. Y como si esto fuera poco, el día de la resolución, en horas de la noche, la noticia fue difundida por los medios mientras que a los defensores se nos notificó veinte días después”, relató.

Del mismo modo, según el abogado, se resuelve el embargo sin haber atendido las presentaciones de la defensa que fueron la falta de acción y el pedido de sobreseimiento basadas en que las contrataciones publicitarias contaron con la aprobación de los organismos de control. “Se desecha examinar las defensas de las partes a las que ni mínimamente se las considera y, sobre todo, se da la espalda al principio de legalidad considerando punibles actos o conductas que de ninguna forma han sido definidos como delitos por la ley penal”, apuntó.

Por otro lado, Barrandeguy señaló que se le ha dictado el procesamiento a Urribarri “por un hecho menor en el que no tuvo absolutamente nada que ver sin expedirse el juez respecto de las defensas que el ex gobernador argumentó en su indagatoria”.

Finalmente, el letrado puso de relieve el hecho de que Urribarri “haya cumplido con todas las instancias del proceso como corresponde, lo cual demuestra la absoluta disposición del ex mandatario, su conducta ajustada a derecho y su cumplimiento con las obligaciones que todo funcionario público tiene de rendir cuentas y colaborar con la Justicia en la investigación”.