“¿Quién investiga los gastos reservados del Poder Judicial?”

CONTRATOS TRUCHOS

“¿Quién investiga los gastos reservados del Poder Judicial?”

El abogado Miguel Cullen, defensor de un grupo de legisladores, hizo una lectura política del caso que estremece a buena parte de la dirigencia política. “Acá se está investigando al órgano que puede llegar a acusar y juzgar en un juicio político; y esto pasa cuando se sabía que había pedido de juicio político”, deslizó. “Si nosotros confirmamos ciertos datos que estamos tratando de chequear, puede ser muy escandaloso”, se despachó enigmático. La entrevista completa.

De la Redacción de Página Judicial


Miguel Ángel Cullen defiende a un grupo de legisladores, entre ellos, al diputado nacional Juan José Bahillo, que hoy están bajo sospecha de la Procuración General en el caso de las contrataciones irregulares en la Legislatura.

El abogado hizo una lectura del asunto y polemizó sobre “una puja entre poderes”, esto es, entre el legislativo y el judicial.

En una entrevista en el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, sostuvo que “es una causa más compleja de lo que se piensa. No es una causa por contratos, sino que se trata de una puja entre poderes muy fuertes. Eso es lo que estamos viendo. El poder que está siendo investigado son las cámaras de acusación y juzgamiento en un posible jury”, lanzó.

El penalista insistió en minimizar sobre la cuestión de los “contratos truchos”, que sería el móvil por el que se desviaron fondos de la Legislatura y que la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche; y los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro estimaron en 1.235 millones de pesos desde 2008 hasta la fecha.

“A los diputados y senadores no se les da para que hagan cinco o diez contratos, sino que lo que se les da es un presupuesto para el funcionamiento de las cámaras. Cada poder tiene un margen de reserva. A los gastos reservados del Poder Judicial, ¿quién lo investiga?”, se preguntó. “No ver la injerencia de un poder sobre otro es ver la mitad del cuento”, agregó.

Más adelante, se mostró enigmático: “Si confirmamos ciertos datos que estamos tratando de chequear, puede ser muy escandaloso, digo por la gente que está investigando; y les adelanto: no tiene nada que ver con los contratos, los contratos son simplemente la excusa que encontró la Procuración”, deslizó, sin precisar.

“Acá no es que Juan investiga a Pedro. Acá se está investigando al órgano que puede llegar a acusar y juzgar en un juicio político. Y esto pasa cuando se sabía que había pedido de juicio político”, acotó el letrado.

Según supo Página Judicial, el Gobierno intervino para evitar que el padre de Micaela García, interpusiera un pedido de juicio político contra el procurador general, Jorge Amilcar Luciano García.

“Acá estamos ante una auditoría. ¿Por qué piden diez años de la totalidad de los contratos? Es con el objeto de tener a los legisladores alineados por si avanzan con un jury”, aseguró Cullen. “No es la primera vez que se avanza contra cuentas que fueron aprobadas. Hay un avasallamiento a la Constitución Provincial, y esto se hace porque hay una pasividad increíble de los poderes el Estado. La Legislatura tiene que dejar de ser tan pasiva y decir: soy un poder del Estado y soy independiente”, reclamó.

Contratos

Carlos Chiara Díaz terminó yéndose antes de ser apartado en un juicio político en un caso en el que se lo juzgó por haber utilizado, indiscriminadamente, viáticos cuando integraba la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

–¿Con Chiara Díaz no se avanzó en la Justicia? ¿Se decidió no avanzar en una posible malversación de fondos?
–Dentro del Poder Judicial hay peleas feroces por disputas de poder. Hay gente que ha sido amiga y ahora se odia. En esas pujas de poder aparece esta causa. Estamos tratando de entender bien por dónde viene. Queremos saber hasta dónde puede llegar un poder en la intervención de otro poder. Acá sabemos que los funcionarios judiciales tienen que salir con acuerdo de la Legislatura, ahí hay una puja. Los contratos están establecidos por ley y son lícitos. Tienen una partida presupuestaria en donde se entregan montos dinerarios, no cantidad de contratos. Cuando se habla de contratos leoninos, no es cierto.

Cullen cuestionó que se estén “investigando a determinadas personas. ¿Por qué no investigamos todo? Acá, la investigación, primero, la tienen que hacer las cámaras. Si se encuentra un delito, irá a parar a la Justicia. No se puede hace una auditoría genérica”, insistió.

También se quejó de la prensa. Se refirió a Bahillo, su defendido. “No hay una imputación concreta en la que se diga que hizo tal cosa en tal fecha. Pero ha trascendido en la prensa y es una persona importante. Creo que hay periodistas que están haciendo de voceros de la Procuración, que callan muchas cosas y van enfocando a la opinión pública hacia dónde quiere ir la Procuración”, afirmó.